13 octubre, 2019

A causa de la violencia en las manifestaciones iniciadas hace más de diez días contra reformas económicas pactadas por su gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

La medida empezó a regir a las 15 de hoy (por ayer), después de graves incidentes en la capital. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia”, dijo el mandatario en Twitter.

De esta manera el gobierno endureció el “estado de excepción” que impuso el 3 de octubre y bajo el cual había movilizado las Fuerzas Armadas para contener el orden público.

Amparado en esas facultades especiales, que en principio permiten restringir algunos derechos por 30 días, ya había dispuesto el toque de queda nocturno alrededor de los edificios públicos de Quito por los primeros enfrentamientos de los indígenas con la policía ecuatoriana.

Ayer, las manifestaciones derivaron en el asalto al edificio de la Contraloría, que fue incendiado y saqueado por manifestantes encapuchados. La sede quedó envuelta en una espesa humareda.

La ministra de Interior, María Paula Romo, anunció el desalojo de la zona en cuyos alrededores se registraban enfrentamientos con la fuerza pública. La Policía ha detenido a 30 personas, dijo.

Cerca de ahí, en los alrededores de la Asamblea Legislativa, manifestantes levantaron barricadas con troncos y escudos de madera para enfrentarse a policías que lanzaron una lluvia de gas lacrimógeno.

Esta nueva ola de violencia la protagonizan especialmente los sectores más radicalizados, especialmente estudiantes universitarios y partidos de izquierda.

El movimiento indígena se mantuvo al margen de la toma de la Contraloría, y aclararon que ellos no tuvieron nada que ver con ese episodio.

Aceptan negociar

Mientras tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), principal motor de las protestas, aceptó negociar con el gobierno una salida a la crisis.

“Luego de un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales, hemos decidido participar en el diálogo directo con el presidente de Ecuador sobre la derogatoria o revisión del decreto 883”, anunció a través de un comunicado.

La organización reconsideró su negativa inicial y aceptó un encuentro cara a cara con el presidente, quien también cedió notoriamente en su postura.

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